El próximo año se cumplirán 20 de la expedición de la Ley 100. Desde el trámite comenzaron las críticas de médicos, enfermeras, trabajadores de la salud y usuarios que comprendieron que la reforma constitucional de 1991, a más de contener unos pocos enunciados democráticos tenía, como aspecto central, la carga económica derivada de la aplicación de las políticas neoliberales, acordadas entre el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y los gobiernos se acogieron al Consenso de Washington. La salud, al igual que la educación y demás servicios públicos se convertirían en negocios y se entregarían, para su manejo y usufructo, al gran capital financiero.
A los pocos días de empezar la aplicación de la Ley 100 se notaron, por doquier, los efectos negativos del cambio en la política nacional de salud sin que esta afirmación intente defender el sistema anterior. Quienes eran afiliados a los sistemas de seguridad social en salud, tanto públicos como privados, fueron obligados a acabar con ellos y se forzó a los colombianos a vincularse a alguna de las Empresas Promotoras de Salud EPS.
El gobierno dijo que se hacía el cambio para garantizar aseguramiento pleno, calidad en la prestación de los servicios, ampliación de la cobertura y el pago oportuno, a clínicas y hospitales, por la prestación de los servicios de salud a los afiliados a las EPS. Y, quienes no estuvieran afiliados a las aseguradoras, contributivas o subsidiadas, gozarían de la atención que el Estado les daría como vinculados al nuevo sistema.
A partir de ese momento, los pacientes, cuando se enferman, no van a clínicas y hospitales para que los atiendan en sus dolencias, sino a las EPS para que autoricen tratamientos y cirugías, den órdenes para hacer exámenes y entreguen las medicinas para paliar los padecimientos. El asunto se complico, más aun, cuando los afiliados a las EPS comenzaron a sentir que estos intermediarios financieros no entregaban las órdenes a tiempo, demoraban tratamientos y cirugías y negaban las medicinas, tal y como sucede con la Nueva EPS, Saludcoop, Coomeva EPS y otras más.
Pronto, la opinión avezada, descubrió que el sistema que montaron con la Ley 100 tampoco le pagaba a clínicas y hospitales, ahora llamadas Instituciones Prestadoras de Salud, IPS, glosaban las cuentas, negaban el pago de servicios ya prestados y, sobre todo, encontraron que el esfuerzo de las EPS estaba centrado en hacer negocios, usar los varios billones de pesos que, año a año, les da el Estado por la llamada Unidad de Pago por Capitación, UPC, para expandir sus propias IPS e, incluso, para invertir en actividades comerciales completamente ajenas a la atención de sus afiliados como se demostró con las inversiones del grupo Saludcoop.
Por otra parte, hospitales y clínicas, tanto públicas como privadas, empezaron a quedarse sin recursos, sin el pago de las EPS y sin giros de la nación, muchas de ellas, cerraron. Por más esfuerzos que hacen, todos los meses se cierra un hospital, clínica o centro de atención en salud. Los casos del Hospital de Caldas, el Infantil de la Cruz Roja, la clínica Manizales y decenas más en todo el país así lo prueban. Los que no cerraron, fueron obligados a reestructurarse, es decir, reducir servicios y planta de personal, envileciendo los salarios de médicos, enfermeras y trabajadores. Pero, después de todos estos años la situación es igual o peor. Ahí tenemos los casos de los hospitales de Caldas. Hoy las EPS adeudan a las instituciones prestadoras de salud IPS, más de 3,8 billones de pesos en el país y más de 120 mil millones en Caldas.
Como la mayoría de la población no tiene empleo y no puede aportar para su salud o pagar medicina pre-pagada, se estableció el régimen subsidiado y el de “pobres no afiliados”. Y, como no se aporta por igual, para el sostenimiento del sistema, la salud que se ofrece tampoco es igual. Los que tienen pre-pagada gozan de un plan de atención mayor, los del régimen contributivo un Plan Obligatorio de Salud, POS, menos amplio, los del subsidiado un POS más reducido aun, con menos servicios, cirugías y medicinas, y los “pobres no afiliados”, lo que de pronto sean capaces de conseguir, para la atención de sus enfermedades. Y así se diga que el cubrimiento es casi universal, la verdad es que las EPS se dan mañas para no atender debidamente a los afiliados. Y los hospitales tampoco tienen como hacerlo.
Después de todos estos años el sistema de salud de la Ley 100, copia del de los Estados Unidos -uno de los peores del mundo desarrollado- ha alcanzado su más profunda crisis y diversos sectores sociales e institucionales piden, exigen, su fin. Y lo solicitan no porque no haya los recursos económicos suficientes en el sistema sino por qué estos se los quedan los intermediarios. Según las cuentas la nación aporta 28 billones de pesos y, sin embargo, los colombianos se mueren en las puertas de los hospitales y sufren el paseo de la muerte.
Ante esta dolorosa realidad se propone un sistema que, con base en la combinación de instituciones públicas y privadas, preste los servicios de salud -tanto de promoción y prevención como de curación de las enfermedades-. Este tendrá que ser eficiente, pulcro, cuidado por el Estado en su financiación, con cobertura plena y vinculado al conocimiento científico y académico más avanzado. Un sistema que atienda los asuntos administrativos, de procedimientos y cirugías, de entrega de medicinas y de bienestar de los trabajadores de la salud y sin intermediarios financieros.
Como lo ha señalado con agudeza la Corte Constitucional, las asociaciones de médicos, los secretarios de salud de algunos departamentos, los sindicatos del sector, las asociaciones de usuarios y miles de dirigentes sociales y políticos, para mejorar la salud de los colombianos, debe acabarse con la intermediación financiera y con la Ley 100 que le sirve de sustento. Y eso debe hacerse porque, está claro, las EPS se apropiaron de los recursos estatales, los dilapidaron en todo tipo de inversiones fraudulentas y 16 EPS, que atienden a la mitad de los colombianos, están intervenidas por no cumplir los indicadores financieros.
Pero, aunque es sencillo lo que debe hacerse, no se hace. ¿Y, por qué? Porque el gobierno de Santos y los anteriores son partidarios del aseguramiento, la intermediación financiera, la permanencia de la Ley 100 y sobre todo de aprovechar, la salud, como negocio. No importa si eso conlleva la muerte de miles de colombianos. Y la prueba es que Santos tramitó e hizo aprobar la Ley 1438 de 2011, dejando intacta la esencia de la Ley 100.
Ante la gravedad de los hechos se continúa integrando, a lo largo y ancho del país, un movimiento en defensa de la salud pública como derecho fundamental y por la eliminación de la Ley 100.
CUT, CTC, CGT, Sindess, Anthoc, Sintraiss, Sintraseguridad Social, Asociaciones de usuarios de las EPS Comité Departamental por la Defensa de la Salud
No más Ley 100 ni intermediarios financieros en la salud
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